observatorio – Estas cárceles no funcionan

Estas cárceles no funcionan
9 March 2012 by admin 0 Comentarios

La primera vez que pisé la cárcel fue hacia 1973 cuando un profesor nos llevó, sólo de visita, al Centro
de Readaptación Social que recién se había inaugurado en Aguascalientes como parte de la reforma
penitenciaria impulsada por los criminólogos Alfonso Quiroz Cuarón y Antonio Sánchez Galindo y
ejecutada por el gobierno federal, que suponía que en cárceles flamantes los reclusos podían ser
plenamente rehabilitados para reintegrarse, cual hermanas de la caridad, a la sociedad. ¡Oops!

Más tarde, en los años noventa, el gobierno de Aguascalientes (que yo encabezaba entonces) construyó
un segundo centro penitenciario, igualmente reluciente, bien pintado, con las mejores innovaciones en
materia de seguridad y holgada capacidad, al cual también visité con frecuencia.

Pues bien, a pesar de que por fortuna nunca se presentó un solo motín o fuga en mi sexenio, en ambos
había, si bien en grado menor, la mayor parte de los mismos problemas de ahora: corrupción, comercio
ilegal de bienes y servicios, tráfico de mariguana y armas blancas, promiscuidad, etc., con los cuales los
responsables de estos penales nunca pudieron o no supieron acabar.

¿Por qué? Porque los incentivos estaban mal alineados o simplemente no existían o porque, como pasa
ahora, cuando ocurre una fuga o motín, lo que se hace es arrestar al director y a los custodios, pero el
penal sigue funcionando en espera de que suceda el próximo incidente.

Ese es el punto con las prisiones operadas por particulares que desde hace dos décadas han venido
creciendo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Chile, Francia o Alemania, entre otros países.

Lo que el Estado hace es prestar un servicio público —al que está obligado— mediante una
modalidad distinta y más eficaz: un particular puede atender el ciclo completo que va desde construir
hasta operar un establecimiento penitenciario cumpliendo todas las condiciones, regulaciones,
controles y supervisiones que le marca el gobierno contratante y éste paga por ese servicio. Como el
incumplimiento de una sola de dichas condiciones conlleva no sólo la cancelación del contrato sino
penalizaciones económicas muy elevadas, el prestador del servicio tiene incentivos claros para impedir
los problemas habituales que ahora vemos en las cárceles mexicanas y de otras partes.

Los datos son sugerentes: en algunos de los países donde hay prisiones privadas, 90 por ciento de los
contratos son renovados año con año; las fugas y motines son prácticamente inexistentes; los estados
registran ahorros de entre 10 y 25% en las asignaciones presupuestales para este rubro; el trato es más
humano y de mayor calidad hacia los reclusos y, de hecho, como documentó la oficina de Servicios
Penitenciarios de Gran Bretaña, las cárceles privadas son las que muestran mayores progresos en
controlar el abuso, en el cuidado de la salud y en la prevención de los suicidios.

¿Es esta la única fórmula para el problema penitenciario mexicano? No, pero sí es parte muy importante
junto con una reforma penal integral, que por ejemplo aligere la prisión preventiva, promueva sanciones
alternativas a la cárcel y flexibilice algunos tipos delictivos.

Insisto: no le carguen culpas de más a la sobrepoblación o a las autoridades: es el actual modelo
penitenciario que está agotado.

La neuralgia y el remedio

De que México es un país contradictorio y, de hecho, esquizofrénico, tenemos evidencia todos los días. Mientras que, por un lado, abundan declaraciones quejándose de que en México subsista la
concentración excesiva del poder y las decisiones en las manos de una sola persona —llámese el
Presidente de la República o los gobernadores—, por otro esos mismos quejosos creen que la solución
a todos los problemas —desde promover la competencia económica hasta mantener a las cárceles bajo
control— depende, vaya paradoja, única y exclusivamente, de que ese gobernante así lo decida.

Dicho en otros términos: detestan el ejercicio personalísimo del poder pero imploran que esa misma
práctica provea las soluciones que por naturaleza son colectivas, graduales y complejas. Regresemos,
pues, al país de un solo hombre. Eso sucede, por ejemplo, con el caso de Nuevo León.

El deterioro de las prisiones de ese estado, y, en realidad, de todo el país; los largos años en que se ha
venido larvando el agotamiento del modelo; la falta de una reforma penal seria y profunda que oxigene
la congestión penitenciaria; la mescolanza de reos estatales y federales o procesados y sentenciados,
y el incremento de la delincuencia, especialmente en estos tiempos, no son responsabilidad de un
gobernador, por más que las inquinas políticas y los intereses partidistas quieran cargarlos a su cuenta
personal.

Su solución, por ende, no reside en que, de pronto, ese funcionario decida que no debe haber más
muertos o motines o bloqueos o eventos parecidos, y, en consecuencia, dejen de ocurrir como por arte
de magia. En la vida real las cosas funcionan de otra forma.

¿Qué presidente, gobernador o alcalde, en su sano juicio, quiere pasarse su sexenio batallando con esos
conflictos, soportar las críticas y rencores derivados, legítimamente por cierto, del miedo o de la falta
de una comprensión más refinada del panorama, en lugar de resolverlos y disfrutar del cargo haciendo
escuelas, entregando parques, hospitales y carreteras o inaugurando nuevas empresas y generando
empleos?

Hay en esa confusión, además, un terrible problema intelectual, y en el fondo también moral, que
impide construir una discusión racional, inteligente, informada y verificable acerca de no pocas de las
dificultades actuales de la agenda pública mexicana, de la cual depende encontrar un espacio común
y civilizado que provea de una narrativa comprensible de las cuitas mexicanas o que nos aclare más o
menos en dónde estamos parados y de qué está hecho nuestro presente.

Hasta donde se sabe, cortar la cabeza para curar una neuralgia no es exactamente el remedio más sabio,
y el encono y la irritación, por explicables que sean, son malos consejeros cuando se trata de identificar
soluciones y no sólo salidas.

La ingenuidad de los responsables penitenciarios

Esta semana, entre extrañas citas de Platón y una que otra fanfarroneada, el responsable de asuntos
penitenciarios de la secretaría de Seguridad Pública hizo en televisión un balance de la política de este
gobierno en esa materia, y su conclusión es casi paradisiaca: en las cárceles federales ahora hay más
espacios y están en construcción diez nuevos centros, y en todos, dice, con las condiciones para la
readaptación social de los presos.

Aunque lo primero es cierto y lo último es una ingenuidad, ambas cosas no son, en los hechos,
relevantes para afrontar con eficacia la crisis de las cárceles mexicanas.

Por lo pronto hay ya bastante evidencia de que, además del agotamiento del modelo de penales
públicos, mientras no haya una reforma en la legislación penal que suprima algunos delitos o conmute
penas corporales por otro tipo de sanciones o, acelere la impartición de justicia, la sobrepoblación
seguirá rebasando a la capacidad instalada y, por ende, los graves problemas ya conocidos de
corrupción, hacinamiento, violación de los derechos humanos y un largo etcétera. Eso es justamente lo que ha pasado en América Latina.

Según la estadística de la OEA, la población penal en la región se ha incrementado de manera
significativa. En Brasil pasó de tener 134 internos por cada 100 mil habitantes en 2000 a 259 en 2010;
en Chile, de 216 en 2001 a 315 en 2008; en Uruguay, de 154 en 2001 a 244 el 2008; en Perú, de 101
en 2001 a 152 en 2009. En Argentina, Colombia y Venezuela el indicador creció en una tercera parte,
mientras que en México en una cuarta parte. En suma: la población penal latinoamericana llegó en 2008
a más de 993 mil reclusos en instalaciones para sólo 637 mil, lo que arroja una sobrepoblación de 56%.

Algunos de esos países han intentado las soluciones tradicionales que mencionan aquí las autoridades
penitenciarias como construir más cárceles, ya sea públicas como el caso mexicano o privadas como el
caso chileno.

Pero, como lo advierte puntualmente Gino Costa, un experto internacional en el tema y antiguo ministro
del Interior del Perú, “de no adoptarse cambios importantes en las políticas aplicadas en los últimos
años, la situación de los sistemas penitenciarios de América Latina será cada vez peor, aún si se persiste
en ampliar la capacidad de albergue”.

Y los ejemplos están a la vista: en 2010 Colombia concluyó siete nuevas cárceles que ampliaron su
capacidad en 13 mil plazas, pero como el mismo año la población penal se incrementó en 7,700
internos, a este ritmo de crecimiento su nueva capacidad de albergue quedará saturada en sólo dos
años. Uruguay cuenta actualmente con un déficit de 2,300 plazas. Para subsanarlo ha iniciado la
construcción de una cárcel en Montevideo para 2 mil internos; en 2014, cuando abra sus puertas y
esté plenamente ocupada, su déficit seguirá siendo el mismo, debido a que los nuevos internos al año
ascienden a 650.

Pues bien, con tales evidencias más los escándalos habituales de las cárceles mexicanas ¿alguien podría
explicarnos si los 12 mil millones para nuevos penales, que anunció con tanto bombo el gobierno
federal, servirán para algo nuevo, distinto, sorprendente que arregle este desastre?.

Lo dudo: más vale remendar primero el saco antes de tirar el dinero del contribuyente en más de lo
mismo.

Cortesía del Periódico La Razón

http://www.razon.com.mx

Escrito por Mtro. Otto Granados
12 de marzo de 2012