Permiso a la confianza

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  • 7 June 2011 by admin 0 Comentarios

Quizás la reforma más ambiciosa en el tema de mejora regulatoria planteada por alguna de las administraciones municipales metropolitanas en el presente trienio radica en la figura del “Permiso a la Confianza”, implementado por el Ayuntamiento de General Escobedo.

Enfocada en agilizar la entrega de permisos de construcción a empresarios, esta medida es promovida por el actual Gobierno de dicha localidad como una reducción en los plazos de espera de estos trámites recurriendo a la entrega de autorizaciones provisionales al siguiente día de que el particular solicita la aprobación de una edificación con fin comercial o industrial.
En la página de internet de la administración que encabeza la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales se promueve como un mecanismo que reduce el tiempo de entrega de estos permisos para particulares que puedan demostrar que se tiene “confianza” entendida básicamente como dos condiciones.

La primera de ella es que la firma comercial o el empresario tengan buenos antecedentes. Es decir, que no hayan tenido irregularidades en la construcción de instalaciones y estén al corriente con el pago de impuestos municipales.
La segunda consiste en que en caso de no contar con historial previo, se acrediten la propiedad del terreno en donde se piensa llevar a cabo la construcción, el pago del impuesto predial correspondiente y el anteproyecto arquitectónico.
Aunque es temprano para determinar si esta política puesta en marcha por el Municipio de Escobedo tiene elementos para determinarla como un caso de éxito, vale la pena revisar el análisis que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó en una publicación reciente.

En su Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales publicada a finales del 2010, el organismo internacional cataloga esta medida como una que apela al “riesgo”, es decir, que al “arriesgar” la parte normativa con la entrega de permisos provisionales menos rigurosos se genere una gran cantidad de inversión.
Como datos duros, la guía que la OCDE publica que entre el 1 de diciembre del 2009 y el 31 de agosto del 2010, el Municipio entregó mil 685 permisos a la confianza, dando lugar a inversiones estimadas en 730 millones de pesos por parte de particulares y cadenas comerciales, mientras que las arcas del Ayuntamiento recibieron 1.3 millones de pesos en impuesto predial.
De acuerdo con información oficial, se recibieron por expedición de estas autorizaciones 3 millones de pesos adicionales para el Municipio.

En cuanto al beneficio para el empresario, la OCD refiere que la reducción en el tiempo de espera y la posibilidad de llevar a cabo la construcción de infraestructura en un menor plazo de espera permite que se recupere la inversión en un término temporal más corto también.

No obstante, antes que “cantar victoria” en torno a esta política pública, su naturaleza requiere que se tengan garantías en materia de transparencia disponibles para el público.
Esto basado fundamentalmente en dos aspectos.

El primero de ellos consiste en que se tenga disponible información clara sobre cómo la autorización provisional es acreditada como definitiva. Es decir, dado a que el Municipio debe comprobar que el proyecto presentado para que se emita el permiso a la confianza correspondiente haya cumplido con lo establecido en la propuesta y los reglamentos locales.
De esta manera, quedaría asentado para el público un registro comprobable de que las condiciones presentadas como proyecto se concretan para cumplir la ley. Sin embargo, también se tiene qué indicar en cuánto tiempo se concede el permiso definitivo.
Actualmente, el promedio estaba fijado en 90 días hábiles, por lo que para que este programa pueda ser definido como un éxito en materia de política pública, tiene que constatarse que este parámetro se reduzca en la emisión de autorizaciones finales.

La segunda área es clarificar quiénes son los particulares “beneficiarios” de esta medida manteniendo un padrón disponible. Con esto se puede verificar si esta medida influye en el fortalecimiento de inversiones por parte de agentes diversos, o bien, evaluar si sólo favoreció a los “clientes frecuentes” que tienen ya inversiones en esta localidad de Nuevo León.
En todo caso, llama la atención que un organismo internacional del calibre de la OCDE lo integre a una guía de mejora regulatoria. No obstante, este reconocimiento obliga a la administración actual a ofrecer también un sistema de comprobación eficiente, transparente y, sobre todo, disponible al público para fomentar un escenario del fomento económico a través de la competencia.

Escrito por Jesús Romo
Martes 22 de Febrero de 2011

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